Hoy quisiera abordar un problema recurrente con el que nos encontramos las empresas instaladoras de protección contra incendios. El otro día llegó a nuestro poder un proyecto para la obtención de licencia ambiental de un gran edificio administrativo. En este proyecto, y en aplicación de lo establecido en el Código Técnico de la Edificación CTE, la ingeniería definía de forma concisa cuáles eran las instalaciones de protección contra incendios que debía tener el inmueble. Hasta ahí, todo bien: se aplicaba los criterios de altura y superficie total del edificio, y se definía que debían instalarse rociadores con un grupo de bombeo y depósito, bocas de incendio equipadas, columna seca, los infalibles extintores, y, por supuesto, un sistema completo de detección automático y manual de detección y alarma de incendio.

Pero, como suele ser habitual, el problema llega con el diseño de las instalaciones. Bocas de Incendio mal ubicadas e insuficientes en relación con los recorridos reales, zonas sin proteger con detectores o con detectores mal ubicados (sin considerar alveolo y obstrucciones, situados junto a salidas de aire, etc.); y lo más sangrante pero por desgracia habitual, una red de rociadores cuya definición de parámetros de diseño acarreaba un mal diseño de coberturas a la vez que definía un abastecimiento insuficiente.

Ante una situación así, ¿Qué debe hacer un instalador? La respuesta es clara; tiene la obligación de ejecutar las instalaciones según se establece en la Norma correspondiente para cada tipo de instalación. En ningún caso debemos escudarnos en una mala praxis del proyecto para ejecutar de forma errónea las instalaciones. Dicho de un modo llano, debemos rediseñar las instalaciones para que cumplan con la normativa, y proceder a su correcta revisión.

Pero, desgraciadamente, eso suele conllevar daños colaterales. Y en muchas ocasiones de muy difícil solución. Hablo, obviamente, de aspectos económicos. En muchos casos el proyecto se sirve incompleto a las instaladoras para su licitación, y simplemente se disponen de unas mediciones que de forma ciega se cotizan. Obviamente, ante esa situación resulta casi imposible detectar errores de proyecto, por lo que muchas veces éstos son detectados cuando se firman los contratos y se deben ejecutar las instalaciones. Ante esa situación, resulta duro para un instalador evidenciar que la licitación no es válida, y transmitirle a la propiedad que por un mal proyecto su coste se verá aumentado notablemente.

Sin embargo, afortunadamente cada vez son más las ingenierías que entienden la protección contra incendio como uno de los puntos más importantes en la elaboración de sus proyectos, y son cada vez más las que forman a sus técnicos en la materia. A día de hoy, resulta tanto o más importante que una ingeniería disponga de técnicos que dominen la ingeniería de protección contra incendios, como que tengan amplios conocimientos en climatización, fluidos, electricidad o proceso. De hecho, suele ser habitual que debido a los requerimientos en instalaciones de protección contra incendios, una nave industrial no pueda usarse para desarrollar una cierta actividad, ya sea porque su tipo de riesgo lo prohíbe, pero también porque resulta inviable el coste que conlleva adaptarla a las necesidades de la normativa sectorial vigente.